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La nueva tasa de residuos que, en cumplimiento de la ley 7/2022, se debe aplicar para impulsar la economía circular está generando descontento tanto en los ayuntamientos como en los ciudadanos.
La Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, tiene como objetivo principal reducir la cantidad de residuos generados, minimizar los impactos negativos de su gestión en la salud y el medio ambiente, y promover la transición hacia una economía circular, que busca reducir la producción de residuos, manteniendo los productos y materiales en uso el mayor tiempo posible a través de la reutilización, reciclaje y otras estrategias.
En este escenario hay que considerar que gran parte de productos alimenticios, de limpieza, etc. vienen envueltos con materiales que perjudican el medio ambiente. Igualmente es de sobra conocida la vida útil intencionadamente limitada de vehículos, maquinaria y otros elementos cotidianos de última generación.Pero estos temas, relacionados con las grandes corporaciones, se omiten y el asunto se focaliza en el ciudadano que consume tales productos y en los ayuntamientos que gestionan los residuos.
Focalizado el problema en el ciudadano se centra en los ayuntamientos la tarea de materializar los objetivos de la economía circular “quien contamina paga”. Pero la ley no define una única fórmula para aplicar esta tasa, sino que otorga un margen de maniobra a cada municipio. El consumo de agua es uno de los criterios mencionados por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y la OCU como una de las bases que algunos ayuntamientos eligen, junto con otros como el valor catastral, la superficie de la vivienda o el número de personas. El Tribunal Supremo ha considerado "razonable" que se utilice el consumo de agua como criterio para fijar la tasa, ya que presenta una correlación positiva con la generación de residuos, al depender, entre otros factores, del número de personas que habitan en un domicilio. El municipio de Las Gabias distribuye el gasto en proporción al consumo de agua.
El criterio ideal para la ley y más justo es relacionar la tasa a la cantidad de residuos generados (Pagar por Generación - PxG) pero es muy complejo de aplicar, puede implicar el uso de contenedores con identificación electrónica o sistemas de recogida puerta a puerta para pesar o medir la basura individualmente. Otros criterios indirectos pueden ser: El IBI, personas empadronadas, superficie; consumo de agua, uso del inmueble; frecuencia de recogida o tarifa única, esta última opción se aleja demasiado del principio de "quien contamina paga".
Esta diversidad de fórmulas para aplicar la tasa ha generado un verdadero mosaico normativo y administrativo que, lejos de simplificar, añade confusión y desigualdad en la forma de pagar por los residuos.
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) pide que el modelo sea sencillo y justo, sin depender de sistemas engorrosos ni de bolsas especiales para separar residuos, como ha sucedido en algunas ciudades europeas. Además, insiste en que se penalice a quienes no reciclan adecuadamente, pero sin cargar sobre aquellos hogares que sí lo hacen de forma correcta.
La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) subraya una tensión fundamental entre los objetivos ambientales y las realidades de la gobernanza local. Hace un llamamiento a una reforma legislativa urgente, una regulación más clara y un estudio detallado de los costes reales del servicio, en definitiva abogan por un enfoque más matizado y colaborativo.
El asunto ha llegado al Senado donde se ha logrado aprobar una proposición para modificar la ley y eximir a los ayuntamientos de esta obligación, por considerar que la Directiva europea no exige una tasa obligatoria, sino que recomienda instrumentos financieros diversos, incluyendo inversiones en infraestructuras y tecnología, no necesariamente sufragadas por los ciudadanos.
El éxito futuro depende de abordar estas quejas fundamentales mediante ajustes legislativos específicos, proporcionando una sólida asistencia financiera y técnica a todos los municipios, y fomentando la cooperación intermunicipal. Solo cerrando la brecha entre la intención legislativa y la capacidad local se podrá asegurar que los beneficios de una economía circular* se materialicen de manera equitativa y efectiva en todos sus territorios, transformando la política ambiental en un progreso tangible a nivel nacional.
(*) Economía circular: Modelo económico que busca reducir el consumo de recursos y la generación de residuos, extendiendo la vida útil de los productos y materiales a través de la reutilización, reparación, reciclaje y otras prácticas circulares.
Fuentes: Chatgpt, Google Gemini, National Geographic