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mala gestión púbica

Sentencia del Tribunal Supremo confirma que la Junta de Andalucía, es decir los contribuyentes andaluces, tiene que indemnizar a un Centro Comercial de Granada con 165 millones € más gastos de costas e intereses por cada día de apelaciones y recursos. La Junta de andalucía pretendía recurrir al Constitucional, ahora tras las elecciones le queda el marrón al nuevo gobierno.

Para hacernos una idea … El metro de Granada ha costado 558 millones € (aunque se presupuestó en 270), la línea tiene 15,9 km, por tanto cada Km ha salido por 35 millones €. Pues bien, entre pitos y flautas, las nefastas decisiones de la Junta de Andalucía nos costarán a los andaluces el equivalente a 6 km de línea de metro, suficiente para alargarlo hasta las Gabias, Cullar Vega y más.

Lo más irritante es el origen del caso. La Junta de Andnalucía paralizó las obras de un Centro Comercial de Granada pero luego no se debió tomar en serio el procedimiento judicial que emprendió el empresario. Eso se deduce cuando el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) afirma que solo pudo valorar el dictamen pericial de la parte empresarial porque el Juzgado inadmitió el informe aportado por la Administración autonómica por no comparecer a la Vista. Es decir, la Junta "no tuvo a bien" comparecer a la Vista señalada por el Juez ¡Con un par!.

La Sentencia del TSJA produce sonrojo, “la prueba no se practicó por causas sólo imputables a la Administración recurrente, y en ningún momento se presentó recurso de reposición o se formuló protesta en la Vista a los efectos de poder hacer valer dicho medio probatorio en segunda instancia, lo que impide su válida admisión”. Es decir, la Junta de Andalucía no recurrió ni protestó el dictamen del Juez. ¡Incomprensible!.

A partir de ahí la Junta de Andalucía está perdiendo, obviamente, en todas las instancias y el costo de todo este despropósito no recae sobre los directos responsables, que al parecer han sido premiados con ascensos según informa ABC de Sevilla, sino en el trabajo y sacrificio de los ciudadanos andaluces.

Cualquiera diría que hay empeño por frenar el desarrollo de Granada, porque no es un caso aislado, algo parecido ocurrió con el proyecto del teleférico a Sierra Nevada. La Junta de Andalucía lo denegó por “impacto ambiental” y el Tribunal Supremo retrotrae las actuaciones porque la Junta ignoró "las alternativas, propuestas y actuaciones compensatorias concretas" de los empresarios. Ahora después del tiempo transcurrido cuesta creer que los empresarios estén por la labor de reiniciar el proyecto, que por cierto era extraordinario.

Sorprende tanto interés puntual por el medio ambiente mientras que un montón de municipios granadinos han venido arrojando en pleno siglo 21 sus aguas fecales a acequias y arroyos de la vega granadina contraviniendo directivas europeas, legislación española y hasta el propio código penal.

Ante situaciones tan palmarias de desastrosa gestión ¿qué servicios públicos podemos esperar los ciudadanos?. ¡Apañados vamos!. Así Granada no levanta cabeza.

Pedro Verde

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